Violencia, matrimonios y embarazos infantiles al alza en Uganda por la Covid-19

El cierre de escuelas ha incrementado las cifras de trabajo infantil y la vuelta a las aulas peligra para muchos menores de Luuka

19 de junio de 2020

Dos menores trabajando a plena luz del día. / Uganda, 2017.

Foto: Txell Prats

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Quico Germain es el presidente y fundador de Petits Detalls. En Uganda coordina los tres proyectos de la ONG junto con las contrapartes locales.

Los niños son vulnerables por naturaleza, aunque no todos al mismo nivel. Su dependencia total hacia otras personas y servicios brindados por instituciones les empujan, en muchos casos, a una posición de fragilidad que les deja indefensos ante las adversidades.

Es por eso que es primordial, al trabajar directamente con la infancia, garantizar que aquellas personas que tienen la responsabilidad y la obligación de garantizar sus derechos lo hagan de manera efectiva. Esto incluye gobiernos, padres y trabajadores públicos como los profesores y la policía.

Durante épocas de crisis, como la presente pandemia y sus consecuentes medidas de prevención, como la cuarentena o el cierre de escuelas, aquellos colectivos más vulnerables – o cuyos derechos son más frecuentemente vulnerados-, como la gente asolada por la pobreza, las mujeres y, sobre todo, los niños y las niñas, suelen padecer las peores y más dañinas consecuencias.

Cuando las escuelas cerraron en Uganda el pasado 20 de marzo, la mayor preocupación no era pausar la educación por unas semanas, sino mandar a millones de niños a sus casas, donde difícilmente podrían acceder los mismos servicios.

Durante esta cuarentena no podía quitarme de la cabeza la idea de que, para un gran número de niños y niñas alrededor del mundo, casa no es sinónimo de seguridad. Casa, para ellos, no es hogar. Y no porque los padres y las madres sean malos, razonar eso sería caer en un simplismo que no haría más que criminalizar a otras víctimas mayormente inocentes, sino porque los niveles de pobreza y necesidad no han parado de aumentar estas últimas semanas. Por ejemplo, solo el 20% de adultos en Uganda tienen un trabajo fijo remunerado. Dicho con otras palabras, 8 de cada 10 lleva casi cuatro meses sin ingresos.

Es por eso por lo que, y desde la férrea convicción de que todos los niños deben ver respetados todos sus derechos todo el tiempo, decidimos hace unas semanas realizar un diagnóstico entre los alumnos de las escuelas beneficiarias del proyecto Smiles for Luuka. El objetivo era claro: empezar a trabajar para que, una vez la pandemia acabe, una amplia mayoría de menores que iban a la escuela pueda seguir estudiando.

Un diagnóstico es un estudio que busca conocer y describir una realidad social en un contexto determinado. En nuestro caso, las violaciones de derechos de los menores en el distrito de Luuka durante la pandemia. Sólo sabiendo cuál es la situación real de los niños podremos ayudarles de manera efectiva.

El diagnóstico se ha realizado mediante visitas casa por casa, interactuando de manera directa con alumnos y padres y hemos centrado nuestro estudio en 4 áreas: acceso a educación, trabajo infantil, violencia y embarazos infantiles. Los resultados son, hasta cierto punto, desesperanzadores. Nos demuestran que aún y haber logrado grandes avances, el camino por recorrer es largo y todavía quedan muchos pasos por dar.

Pocos días antes de empezar el diagnóstico, llevamos a cabo una distribución de material académico para todos los alumnos. De esta manera, garantizábamos que durante este tiempo no veían vulnerado su derecho básico a la educación. Sin embargo, alrededor de un 8% de los alumnos están en una situación crítica que dificulta gravemente su vuelta a la escuela en un futuro. Por otro lado, y aunque la gran mayoría de ellos tiene tiempo para estudiar en casa, sólo un 37% cuenta con un espacio favorable para hacerlo. Muchos de ellos viven en casas de una sola habitación que comparten con toda la familia y sin electricidad. Para que muchos de ellos no pierdan la oportunidad de finalizar sus estudios, es indispensable volver a abrir las escuelas tan pronto como sea posible. El dato positivo lo encontramos en que casi la totalidad de alumnos, así como de sus padres y tutores, tienen una voluntad real de volver a estudiar en cuanto sea posible. ¡La gente quiere estudiar y que sus hijos vayan a la escuela!

La amplia mayoría de familias en Luuka viven de la agricultura y el 70% de los menores ayudan a sus progenitores labrando el campo a diario desde una muy pronta edad. Al mismo tiempo, el 40% de ellos, especialmente las niñas, tienen que aguantar grandes cargas de trabajo doméstico. No obstante, en este estudio, no hemos contabilizado estos casos como víctimas de trabajo infantil. Es importante definir bien los casos antes de realizar el diagnóstico, y acordamos que las víctimas del trabajo infantil serían aquellos menores que estuvieran expuestos a trabajos que pudieran dañar o perjudicar su integridad física y psicológica, que no les permitiera ver otros de sus derechos garantizados o que trabajaran por cuenta ajena. Siguiendo estas premisas, hemos descubierto que uno de cada 3 menores en el distrito de Luuka es víctima de trabajo infantil y que el 40% de estos lo es en condiciones extremas.

Otro factor de estudio en nuestro diagnóstico ha sida la violencia contra el menor. En Uganda, la práctica de la violencia sigue muy extendida en el proceso de educación de los niños y niñas. Desde Petits Detalls, de hecho, llevamos años trabajando para erradicar la violencia de las aulas y hacer de las escuelas espacios libres donde los alumnos se sientan seguros. Sin embargo, muchos son los niños que están expuestos a violencia en sus casas desde una pronta edad. La violencia física, que sufren más de la mitad de los menores en sus hogares, es la representación más extrema de la violencia, que se puede dar también en forma de violencia verbal, emocional o psicológica. Los resultados nos demuestran que el 75% de los menores sufren algún tipo de violencia o son testigos en sus casas, llegando en algunos casos a niveles extremos.

El cuarto y último punto en el que nuestro estudio ha hecho hincapié es en cómo esta situación está afectando a las niñas. La perspectiva de género en estas acciones nos ayuda a comprender como las niñas pueden verse más afectadas, en mayor medida, por el simple hecho de ser niñas. Siguiendo esta línea, los casos de embarazos y matrimonios infantiles se están disparando durante esta pandemia, aunque no es nuevo: una de cada tres familias entrevistadas cuenta con algún caso de matrimonio o embarazo infantil, previo a la COVID19, entre sus miembros. Desde el mes de marzo, hemos identificado un total de dos matrimonios infantiles forzados y ocho embarazos entre niñas menores de edad. Algunas de ellas estaban cursando quinto de primaria.

Es momento de unirnos para condenar estos hechos y trabajar para conseguir que no se sigan repitiendo, garantizando así el derecho de cualquier menor a crecer con una vida segura, saludable y feliz.

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